sábado, 24 de octubre de 2009

El silencio de los ¿Inocentes?

Se llamaba Juan Carlos Quiroz y tenía 15 años.

Se llamaba Juan Carlos Quiroz, tenía 15 años y el martes 20 de octubre se transformó en una víctima más del gatillo fácil de la bonaerense, forma sutil de decir que fue asesinado por la policía que, se supone, debe cuidarnos.

Según el fiscal, Dr. Villalba, los policías involucrados, cometieron el “error” de cruzarse de jurisdicción sin notificar a sus superiores, y de no notificar a la fiscalía del “procedimiento” que se disponían a realizar. Estas “omisiones” que el fiscal llama errores concluyeron con la muerte de Juan Carlos Quiroz, de 15 años, en circunstancias mucho más que dudosas y que han sido ocultadas por la mayoría de los medios de desinformación locales. Los pocos interesados en saber hemos tenido que conocer por un medio nacional, Clarín, que “El chico fue baleado a corta distancia, los policías abandonaron el lugar y regresaron a la comisaría, a pesar de que el adolescente había quedado tirado en el piso. Un vecino encontró el cuerpo y llamó al 911. La Justica no había sido alertada del operativo y recién tomo conocimiento con la aparición del cuerpo”.

Los que cometieron el “error” son Jorge Alberto Conde (48) y Daniel Alberto Fernández (44), pertenecientes a la comisaría segunda, a cargo en ese momento del titular del servicio, Eduardo Ledesma, hoy desafectado de su cargo.

Toda la comunidad de Pergamino, y sobre todo sus representantes políticos, no deberían sino repudiar este aberrante hecho que no puede dejar de calificarse como una violación flagrante a los DDHH de nuestros chicos, y que no hace sino confirmar que a pesar de purgas, desplazamientos, jefes relevados, ministros del Interior renovados, presidentes y gobernadores, la policía bonaerense continúa implicada en numerosos casos de gatillo fácil en los que, en su mayoría, son asesinados adolescentes que provienen de los estratos más humildes de nuestra sociedad.

Pero en cambio, un vaho putrefacto cubre la ciudad. Es el hedor del silencio, silencio que en realidad es una velada expresión de alivio: “uno menos” dirán muchos para sus adentros; otros menos hipócritas hasta lo dirán hacia afuera, pero no muy fuerte, porque su valentía solo les alcanza para horrorizarse en voz alta por los exabruptos de Maradona.

Cada vez son más las denuncias, investigaciones, sentencias y condenas que van develando la trama del gatillo fácil en toda la provincia, aunque es probable que nunca se tenga certeza de su total magnitud debido a la maquinaria de complicidades que dentro de las instituciones policiales han dejado varias muertes en el anonimato y sin castigo.

El nivel de impunidad con el que se manejan las fuerzas policiales en los sectores más desprotegidos de la población confirma que no es una anomalía, sino una práctica sistemática, heredera de aquella impunidad concedida a quienes fueron sus mandos durante la última dictadura militar. La policía de Buenos Aires continúa con las mismas prácticas arbitrarias, extorsivas y en muchos casos criminales. La cultura de esta fuerza de seguridad no ha variado desde la última dictadura cívico militar y su “caja chica” se renueva continuamente con el dinero obtenido por “servicios” de protección y encubrimiento de prostíbulos, por “favores” de ocultamiento de aquello que pudiera comprometer a algún prohombre local, por “adicionales” compuestos por lo que pueden sacarle a los pibes los fines de semana cuando salen y los “apretan” para que les den algunos mangos así no les “plantan” nada, o para que se libren de una biaba en la comisaría a la que los llevan con cualquier escusa. Por miedo, los chicos callan. Por miedo, los padres callan. Y así sigue girando la rueda sin fin del abuso de poder que muchos policías ejercen porque pueden, porque los dejan y porque tienen un arma y una estructura viciada de corrupción que los ampara.

Hoy, la práctica del gatillo fácil apunta contra toda la juventud, contra nuestros hijos, contra el motor y el futuro de nuestra sociedad fragmentada entre los de adentro y los de afuera, entre los de arriba y los de abajo, entre los conectados y los subalimentados, entre los llorados y los ignorados. Y no es este el primer caso de muerte dudosa de un adolescente a manos de la policía en Pergamino. Hace unos años, en la comisaría segunda y en dudosas circunstancias, murió el chico Roberto Castro mientras estaba dentro de un calabozo. Otros casos menos resonantes han quedado en la nebulosa de idas y vueltas judiciales y hasta políticas que han colaborado con el ocultamiento y la no resolución de esas muertes.

Hoy en Pergamino, ninguno de los que pide por más seguridad y se rasga las vestiduras cuando el Estado les saca parte de sus ganancias habla de Juan Carlos Quiroz, el pibe asesinado. Tampoco dicen nada de la contradicción que significa clamar por "más seguridad" y después hacer como que no pasa nada cuando los políticos para responder a ese reclamo, fogoneado por los medios, le ponen un uniforme y le dan un arma a cualquiera.

En un país donde el fascismo se trasviste de derecha, cualquier centro parece de izquierda. Y más allá de quién sea el que apreta el gatillo, esta democracia esquizofrénica e incompleta que vivimos los argentinos, habilita una y otra vez aquello que puede hacerla estallar. O sea: sostiene que la inseguridad es un problema, cuando en realidad es la solución que la cultura represora ha encontrado para prolongar la inequidad social por otros medios.

Hoy, los policías Conde y Fernández están acusados por homicidio calificado, mal desempeño de funcionario público y abuso de autoridad agravado. Pero nada le devolverá la vida a Juan Carlos Quiroz, de apenas 15 años, cuyo delito mayor parece haber sido estar en el lugar equivocado en el momento incorrecto.

“No tenemos que cuidarnos de nuestra infancia sino que tenemos que cuidar a nuestra infancia. Si a los pibes los recibimos en el país del hambre, la desnutrición, el frío y la intemperie, ¿cómo pretendemos que nos traten cuando se hagan adolescentes? Sabemos que los niños se vuelven humanos en condiciones humanas y salvajes en condiciones salvajes. Da vergüenza que algunos propongan como solución bajar la edad de imputabilidad. Lo que tenemos que bajar es el riesgo que corre la vida de estos chicos. Para resolver nuestra seguridad tenemos primero que construir un país que garantice la seguridad de ellos”.

Padre Carlos Cajade (1950 – 2005), miembro de la Comisión Provincial por la Memoria



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